La historia de Amalia demuestra el papel fundamental que desempeñan las organizaciones comunitarias en la defensa de los derechos laborales. El acompañamiento, la orientación y la construcción de confianza fueron determinantes para que Amalia pudiera sostener su denuncia por robo de salario y obtener una resolución favorable.
Este es su testimonio:
“Entre diciembre de 2020 y agosto de 2023 trabajé en en una lavandería en el suroeste de Chicago. Lo que comenzó como una oportunidad laboral terminó convirtiéndose en una experiencia de abuso y desgaste. Cuando fui ascendida a encargada, comenzaron las horas extras sin paga. Además de mi trabajo, tenía que resolver problemas de clientes, encargarme de insumos y responder por las necesidades de la lavandería.
La responsabilidad aumentó, pero mi salario no. Al denunciar el robo de salario, me encontré con un sistema burocrático lento y confuso. Presenté una denuncia ante Derechos Humanos, pero las respuestas no llegaban y mi caso estuvo incluso en riesgo de quedar inválido por no reafirmar ciertos documentos a tiempo.
Entraba a las once de la noche y muchas veces salía hasta las dos de la tarde. Sin embargo, solo me pagaban cuarenta horas semanales, aunque trabajara mucho más.
Fue entonces cuando encontré a Chicago Community and Workers’ Rights. Su acompañamiento e insistencia fueron fundamentales para que mi caso continuara y para conectarme con apoyo legal. Mientras las instituciones avanzaban lentamente, la organización comunitaria estuvo presente y no dejó que mi caso se perdiera.
Afortunadamente, había guardado todos mis cheques y comprobantes de pago. También tenía mensajes de texto y capturas de pantalla que mostraban las horas que realmente trabajaba.
Esta experiencia también cambió mi manera de ver las relaciones entre trabajadores, empresas e instituciones. Creo que quienes tienen poder deben acercarse a los trabajadores, escuchar nuestras historias y construir confianza desde nuestras comunidades. También considero que los departamentos de Recursos Humanos deberían proteger a los trabajadores y garantizar condiciones dignas, no solamente defender los intereses de los dueños.
El sistema era lento y confuso, pero el acompañamiento de CCWR fue fundamental para que mi caso avanzara y para conectarme con apoyo legal. Finalmente, logramos demostrar el robo de salario y gané mi caso, obteniendo una compensación de $162,000 dólares.
Pero más allá de la compensación económica, aprendí que los trabajadores necesitamos saber que no estamos solos. Muchas personas inmigrantes desconocen sus derechos y no saben que existen organizaciones que pueden acompañarlas. Por eso creo que es fundamental llevar información directamente a las comunidades y hacer visible el trabajo de centros como CCWR”.